Celebra con José Tomás la que a priori cerrará sus casi cien años de historia | Los taurinos confían en que el Gobierno eleve la tauromaquia a bien de interés cultural | Los empresarios hablan de pérdidas millonarias; el Govern rebaja la cifra
por: Iñaki Ellakuría - Cultura - Barcelona - lavanguardia.com | 22/09/2011
Cuando las agujas del reloj marquen las seis de la tarde, el próximo domingo 25 de septiembre, José Tomás volverá a pisar el albero de la Monumental de Barcelona, su plaza talismán, el lugar donde empezó a forjar la leyenda de grande del toreo. Una nueva presencia en el coso barcelonés que estará cargada de simbolismo: la feria de la Mercè será, a priori, la última corrida que albergará la Monumental, antaño una de las plazas más importantes del mundo, y, en los últimos tiempos, en decadencia por un público que poco a poco fue abandonando sus gradas, con la excepción de las tardes con carteles de tronío y siempre que José Tomás cogió la muleta.
Un canto del cisne de la tauromaquia catalana, con el cartel de "no hay billetes" colgado, antes de que la plaza –inaugurada en 1914– cierre las puertas a los festejos taurinos, en cumplimiento de la ley que aprobó el Parlament en el 2010, y que entrará en vigor el 1 de enero del 2012.
Una fecha que para los defensores de la tauromaquia supondrá una estocada mortal a la cultura y a la pluralidad, mientras que para amplios sectores de la sociedad es visto como el fin de una actividad anclada en el pasado y que vulnera los derechos animales. ¿Será la del domingo, empero, la última corrida?
Una incógnita que emerge con fuerza estos días de caliente precampaña electoral y que tiene dos frentes abiertos: el político, con las iniciativas emprendidas por las plataformas taurinas y el recurso de anticonstitucionalidad presentado por el PP; y el económico, con la falta de acuerdo entre el gobierno de la Generalitat y los empresarios taurinos sobre la compensación económica que deben percibir, como fija la ley, por el cese de la actividad.
"Ni mucho menos se ha dicho la última palabra", sostiene el diputado del PP catalán Rafael Luna. Los populares confían en que el Tribunal Constitucional (TC) atienda a su recurso que basa sus alegaciones ante el hecho de que las Autonomías no tienen competencias que faculten la prohibición de la tauromaquia, protegida por leyes estatales y europeas. El recurso, además, señala que la prohibición de las corridas en Catalunya "es un alarde de incoherencia, porque, paralelamente se permiten los festejos con toros". Los correbous, que tanto han proliferado este verano.
El PP también está ultimando una nueva proposición de ley para pedir una moratoria a la prohibición, con los argumentos de que en plena crisis, en un contexto de severos recortes sociales, la Generalitat ni puede ni debe hacer frente a "indemnizaciones millonarias".
Unas posiciones pro taurinas que chocan con la futura ley y la postura de la Generalitat y la mayoría de partidos catalanes, que consideran las corridas de toros como "un tema cerrado" y advierten de que nadie podrá cambiar una ley, nacida de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), aprobada por la cámara catalana.
"En Catalunya ya se ha asumido que esta actividad no le gusta a la gente", mantiene el diputado del PSC Jordi Terrades.
Desde la Generalitat se pone en duda que el Constitucional "se atreva" a anular una ley catalana, con la polémica sentencia del Estatut todavía reciente. El Govern, con el aval del PSC, ERC e ICV, tampoco aceptará una posible moratoria de la prohibición como piden PP y C'S.
Sobre las cifras de la indemnización, los cálculos del ejecutivo de Artur Mas son muy distintos a los del sector taurino, que habla de unos 300 millones de euros. "Esta es una ley aprobada, se tiene que aplicar, y nuestros cálculos no son precisamente los de unas ayudas millonarias", señala el portavoz del Govern, Francesc Homs, a la espera de que el Departament d'Economia realice, pasadas las elecciones generales del 20-N, un balance en profundidad del conflicto. Aunque sí lanzan avisos preventivos de que sólo abonarán ayudas "por las actividades taurinas" y, en ningún paso, por el resto de negocios que el Grupo Balañ'á haga en la plaza. Una ayuda que el Govern cree que estaría en cuatro millones.
Otra de las vías que los taurinos exploran para frenar la prohibición es que el Gobierno eleve la tauromaquia a bien de interés cultural (BIC), como ha hecho Sarkozy en Francia. Hace dos semanas se produjo un movimiento que apunta en esta dirección cuando se aprobó el real decreto de traspaso de Interior a Cultura de esta actividad. El decreto afirma que los toros forman parte del patrimonio cultural español y que su protección recae en el Estado.
Una vía que la Federación de Entidades Taurinas intenta acelerar con una ILP, que tiene tiene hasta noviembre para recoger 500.000 firmas, pidiendo que los toros sean bien cultural.
Luis Corrales, presidente de la peña José Tomás, se agarra a aquello de hasta el rabo todo es toro y conserva las esperanzas. "Estoy convencido de que no será la última corrida", afirma. La ley catalana va en otra dirección.
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