* La Tauromaquia forma parte del mestizaje cultural iberoamericano
* Recientemente el alcalde de San Felipe, estado Yaracuy, en Venezuela, ha hecho público un decreto mediante el cual trata de prohibir las corridas de toros.
* El alcalde evidencia desconocer que la cultura no puede ser prohibida por ningún órgano de los poderes públicos porque le pertenece al pueblo, que es quien la crea, disfruta y recrea.
por: William Cárdenas Rubio -Presidente de la AIT - 28 de Marzo de 2015
La obligación de las autoridades es la de fomentar el patrimonio cultural, protegerlo, salvaguardarlo, enriquecerlo y garantizar su transmisión a las generaciones futuras, pero nunca prohibirlo, en primer lugar porque no les pertenece y en segundo término, porque su conducta tendrá un carácter delictivo tipificado como expolio cultural.
A diferencia del patrimonio monumental y natural, que pertenece a los estados, el patrimonio cultural es propiedad de los pueblos y son éstos los únicos que pueden decidir acerca de su viabilidad o existencia.
Por ello, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO otorga a las comunidades, grupos e inclusos a un individuo, la potestad de identificar los elementos que forman parte de su patrimonio cultural.
La misma Convención asigna a los estados que la suscribieron a fin garantizar la salvaguardia de dicho patrimonio, su obligación de inventariarlo, documentarlo, investigarlo, preservarlo protegerlo, promocionarlo, valorizarlo y a garantizar su trasmisión.
Y la Tauromaquia, aunque a algunos les pese, forma parte de ese inmenso Patrimonio Cultural Inmaterial de los pueblos Iberoamericanos, conformado tanto por sus manifestaciones autóctonas, como por las expresiones aportadas por su mestizaje cultural.
Así quedó claramente asentado en el I Congreso de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural, celebrado en la ciudad de Albacete, España de febrero pasado, al que asistieron representantes de casi todos los países taurinos del mundo, del Reino Unido y los EE.UU.
Por tal razón, la prohibición de las corridas de toros en San Felipe constituye un atropello del alcalde contra el pueblo de Yaracuy, que goza de una apreciable afición taurina, en cuyos campos hay dos ganaderías de toros bravos, Campolargo y Laguna Blanca; toreros con dilatada carrera taurina, que con orgullo ostentan el gentilicio de su tierra natal; y miles de aficionados que recorren la geografía nacional detrás de su pasión, la Tauromaquia.
Pero igualmente, la prohibición del alcalde conduce a la a muerte el bien que supuestamente pretende proteger: El toro bravo, que quedaría condenado a desaparecer, así como desaparecerían cientos de puestos de trabajo en la ciudad y el campo de hombres y mujeres que viven de y por la Fiesta de los Toros, con el consecuente daño económico que ello significa, en una Venezuela que atraviesa uno de sus peores momentos.
La decisión que no dudamos en calificar de alcaldada, vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución venezolana, como es el garantizar a sus ciudadanos, niños incluidos, el libre acceso a la cultura de su entorno social, así como las disposiciones de otros tratados internacionales que protegen los derechos culturales como derechos humanos, y obligan a respetar y proteger la diversidad cultural.
Las autoridades, llamadas a cumplir y hacer cumplir la ley, pierden toda su legitimidad cuando actúan de espaldas de los ciudadanos y contra sus derechos, quedando expuestas a medidas correctivas de diferentes características, que van desde la acción de amparo constitucional, hasta el desconocimiento de su autoridad.
William Cárdenas Rubio
Presidente AIT
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